Resistencia okupa

Lentamente Barcelona ha acabado por instaurarse como una de las capitales europeas del movimiento okupa. Actualmente se trata, junto con Ámsterdam y Milán, de una de las ciudades con más presencia de los denominados squatters. El 2017, un total de 90.000 viviendas fueron ocupadas alrededor de España. En la capital catalana específicamente, uno de cada cuatro inmuebles vacíos ha sido ocupado, ya sea por motivos ideológicos –okupaciones, con k– o económicos.

Las palabras “ocupa” y “okupa” tienden a usarse sin saber distinguir entre ambas. Para formar una opinión alrededor de este fenómeno es necesario conocer los diferentes matices que las diferencian. Un okupa es alguien que ocupa un edificio público o abandonado y le da un uso social. Se trata generalmente de un antisistema con una fuerte ideología de izquierdas. Un ocupa, en cambio, es una persona que entra por la fuerza en una casa ajena o rehúsa abandonar su casa al ser desahuciado. Hay otros casos, como la ocupación conservacionista, que tiene como objetivo preservar un barrio, una zona urbana o un paisaje rural.

El movimiento okupa denuncia el sistema económico capitalista actual al considerarlo represivo, puesto que éste obliga a los ciudadanos a trabajar toda su vida, en muchos casos durante un exceso de horas convirtiendo al trabajador en esclavo del burgués, para poder pagar una vivienda, algo que es de primera necesidad. Para el sistema capitalista, el obrero es mera mercancía, y las casas okupas pretenden romper con la oferta y la demanda. Los espacios okupa sirven como memoria de los jornaleros que ocupaban y ocupan tierras, de las asociaciones de vecinos y colectivos de barrio que ocupaban casas en los años 70, de los obreros que toman y autogestionan los talleres y fábricas, de las fiestas populares que ocupan las calles y plazas...

Para okupar una vivienda, es necesario investigar sobre la vivienda; en el registro de la propiedad y en el departamento de urbanismo se puede averiguar de quién es la propiedad, cuántos años lleva abandonada o los planes urbanísticos previstos. Las entradas pueden ser o silenciosas o públicas. Al okupar un edificio público , la administración propietaria dispone de 48 horas para decretar un desalojo. Esta orden tiene que ir firmada por un alto cargo de aquella administración. Pueden iniciar trámites administrativos siempre que sea dentro del primer año de la okupación. Si no lo hacen así pueden optar por la vía judicial. Para efectuar un desalojo legalmente la policía necesita presentar una orden de entrada firmada por el juez. Si se okupa una propiedad privada, los cargos pueden llegar por la vía civil o penal.

La opinión popular sobre la okupación tiende a ser negativa. No debemos olvidar, sin embargo, la lucha que esconde detrás suyo; la respuesta del proletariado contra un sistema económico que le oprime sistemáticamente; un sistema clasista y represivo el cual hemos acabado aceptando como correcto, sin tener en cuenta todo lo que representa.